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League of Women Voters of California Education Fund
November 8, 2016 — Elección General de California
Boleta y información de la votación para el Mendocino County.
Este archivo pertenece a una elección pasada.

— Procedimientos en Corte para Pena de MuertePena de muerte.Initiative Statute

November 8, 2016Elección General de California

State of California
Prop. 66 — Procedimientos en Corte para Pena de Muerte Initiative Statute - Majority Approval Required

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Resultados electorales

Se aprueba

6,626,159 votos si (51.1%)

6,333,731 votos no (48.9%)

  • 100% de distritos activos (24,847/24,847).

Cambia los procedimientos que rigen las impugnaciones de los tribunales estatales sobre la pena de muerte. Designa a la corte superior para las peticiones iniciales y limita las peticiones sucesivas. Exige que los abogados designados que toman apelaciones no punibles de pena capital, acepten apelaciones de pena de muerte. Exenta a funcionarios penitenciarios de los procesos de reglamentación existentes para desarrollar métodos de ejecución.

Fuente: The League of Women Voters of California Education Fund

Cómo está ahora

Los prisioneros sentenciados a muerte pueden pelear la sentencia ante la Suprema Corte de California y luego ante las cortes federales. Este proceso puede tomar varias décadas y le cuesta al estado millones de dólares. De las 930 personas que han recibido una sentencia de muerte desde 1978, 15 han sido ejecutadas y 103 han muerto mientras esperaban su ejecución. Bajo la ley actual, los internos sentenciados a muerte deben vivir en prisiones específicas.

¿Qué pasa si se aprueba?

Cambiar el proceso de apelación de la corte para sentenciados a muerte recortando el tiempo que toma. Un tipo de objeción legal se manejaría primero en las cortes locales antes de que pudiera manejarse en la Suprema Corte de California. Se establecería un tiempo límite de cinco años en objeciones legales para sentencias a pena de muerte. Habría abogados adicionales que podrían ser elegibles para representar a los internos esperando la pena de muerte. Los sentenciados a muerte podrían estar en cualquier prisión estatal.

Efectos en el presupuesto estatal

Los costos a largo plazo no son claros. Los costos estatales se incrementarían en el corto plazo, posiblemente en decenas de millones de dólares, debido a costos en corte por los nuevos límites de tiempo más cortos. Esta propuesta podría ahorrar dinero para prisiones estatales.

La gente a favor dice

• El proceso de apelaciones para los internos en espera de pena de muerte necesita ser más rápido y menos complicado.

• La Prop 66 ahorraría dinero y aseguraría que la justicia se haga de manera oportuna.

La gente en contra dice

• La Prop 66 costaría a los contribuyentes decenas de millones de dólares en costos legales y pagos a abogados.

• Recortar el proceso de apelaciones aumenta el riesgo de que se ejecute a personas inocentes.

Fuente: Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes

La pregunta

¿Debería ser grandemente recortado el tiempo que toman las objeciones legales a las sentencias de pena de muerte?

La situación

Las sentencias a la pena de muerte siempre son automáticamente apeladas ante la Suprema Corte de California, y también pueden pasar a una segunda etapa de apelaciones en las cortes, llamadas “peticiones de habeas corpus”. Esta segunda etapa del proceso de apelaciones puede tomar de 15 a 25 años. El estado paga tanto por la defensa como por la prosecución de las apelaciones, a un costo de $55 millones al año. Actualmente, hay 748 personas en espera de cumplir la pena de muerte en California. Como los protocolos de la inyección letal en el estado se encuentran ahora bajo revisión legal, no ha habido ejecuciones desde 2006.

La propuesta

La Prop. 66 propone numerosos cambios a la forma en que se apela el manejo de las sentencias a la pena de muerte, con la meta de recortar significativamente el tiempo que toma todo este proceso. En vez de ir directamente a la Suprema Corte de California, las peticiones de habeas deberían escucharse primero en cortes menores en las que se manejarían los juicios iniciales. Tanto las apelaciones directas como las peticiones de habeas tendrían que concluirse dentro de cinco años desde el momento de la sentencia. Las apelaciones de habeas tendrían que someterse en un año tras nombrarse un abogado y tendrían que ser decididas por las cortes a un año de ser sometidas. Las apelaciones adicionales quedarían limitadas. Un abogado de apelación debería ser nombrado de inmediato y a los abogados de apelaciones calificados que manejan casos que no son de pena de muerte se les exigiría aceptar nombramientos para casos de pena de muerte si es que quieren permanecer en la lista de abogados de apelaciones calificados.

A todos los presos sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional se les exigiría trabajar; la máxima cantidad de sus ingresos que podría usarse para la reparación a sus víctimas aumentaría de 50 a 70 por ciento. Quienes esperen a que se cumpla su sentencia de pena de muerte podrían permanecer en cualquier prisión de California en vez de en unas cuantas prisiones. Los métodos de ejecución quedarían exentos de ser vistos por la gente.

Efectos fiscales

Los efectos fiscales de la Prop. 66 son muy difíciles de proyectar porque existe una variedad de consecuencias posibles debido a sus muchas provisiones. La Prop. 66 podría incrementar el costo de las apelaciones pues requiere que las peticiones de habeas sean escuchadas primero en las cortes menores. También habría costos más altos a corto plazo, quizá en decenas de millones de dólares anuales, para pagar los procesos de apelación actualmente pendientes en el tiempo límite requerido. Esto podría compensarse con ahorros, una vez que los internos sean ejecutados, y por transferirlos a otra prisiones.

Sus partidarios dicen

El sistema de la pena de muerte en California tiene problemas, pero debería enmendarse, no terminarse.

Acelerar el proceso de apelaciones de la pena de muerte ahorraría a los contribuyentes $30 mil millones al año.

Sus oponentes dicen

La Prop. 66 es confusa y está mal redactada por lo que quedaría sujeta a costosas objeciones legales.

Niveles adicionales de apelaciones así como la construcción de nuevas instalaciones para prisiones les costarían millones a los contribuyentes.

Resumen

  • Cambia los procedimientos que rigen las apelaciones y demandas de los tribunales estatales sobre las condenas y sentencias exigentes de pena de muerte.
  • Designa a la corte superior para las peticiones iniciales y limita las peticiones sucesivas.
  • Establece un plazo para la evaluación de la pena de muerte por parte del tribunal estatal.
  • Exige que los abogados designados que toman apelaciones no punibles de pena capital, acepten apelaciones de pena de muerte.
  • Exenta a funcionarios penitenciarios de los procesos de reglamentación existentes para desarrollar métodos de ejecución.
  • Autoriza la transferencia de los presos condenados a muerte en las prisiones de California.
  • Aumenta la porción de sueldos de los presos condenados que se pueden aplicar a la indemnización de la víctima.
    • Establece que otras iniciativas de ley aprobadas por los votantes relacionadas con la pena de muerte son nulas si esta iniciativa de ley recibe más votos a favor.

RESUMEN DEL CÁLCULO DEL ANALISTA LEGISLATIVO DEL IMPACTO FISCAL NETO SOBRE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y   LOCALES:

  • Impacto fiscal continuo desconocido en los costos de tribunales estatales por el procesamiento de impugnaciones legales en penas de muerte.
  • Aumentos a corto plazo de los costos de los tribunales estatales, potencialmente en decenas de millones de dólares al año, debido a una aceleración del gasto para procesar nuevos plazos para las impugnaciones legales de penas de muerte. Ahorros de montos similares en años futuros.
  • Ahorros potenciales en prisiones estatales que podrían ser de decenas de millones de dólares al año.
— Attorney General of California

Antecedentes

Death Sentences

First degree murder is generally defined as the unlawful killing of a human being that (1) is deliberate and premeditated or (2) takes place while certain other crimes are committed, such as kidnapping. It is punishable by a life sentence in state prison with the possibility of being released by the state parole board after a minimum of 25 years. However, current state law makes first degree murder punishable by death or life imprisonment without the possibility of parole when “special circumstances” of the crime have been charged and proven in court. Existing state law identifies a number of special circumstances that can be charged, such as in cases when the murder was carried out for financial gain or when more than one murder was committed. In addition to first degree murder, state law also specifies a few other crimes, such as treason against the state of California, that can also be punished by death. Since the current death penalty law was enacted in California in 1978, 930 individuals have received a death sentence. In recent years, an average of about 20 individuals annually have received death sentences.

Legal Challenges to Death Sentences

Two Ways to Challenge Death Sentences. Following a death sentence, defendants can challenge the sentence in two ways:

  • Direct Appeals. Under current state law, death penalty verdicts are automatically appealed to the California Supreme Court. In these “direct appeals,” the defendants’ attorneys argue that violations of state law or federal constitutional law took place during the trial, such as evidence improperly being included or excluded from the trial. These direct appeals focus on the records of the court proceedings that resulted in the defendant receiving a death sentence. If the California Supreme Court confirms the conviction and death sentence, the defendant can ask the U.S. Supreme Court to review the decision.
  • Habeas Corpus Petitions. In addition to direct appeals, death penalty cases ordinarily involve extensive legal challenges—first in the California Supreme Court and then in federal courts. These challenges, which are commonly referred to as “habeas corpus” petitions, involve factors of the case that are different from those considered in direct appeals. Examples of such factors include claims that (1) the defendant’s attorney was ineffective or (2) if the jury had been aware of additional information (such as biological, psychological, or social factors faced by the defendant), it would not have sentenced the defendant to death.

Attorneys Appointed to Represent Condemned Inmates in Legal Challenges. The California Supreme Court appoints attorneys to represent individuals who have been sentenced to death but cannot afford legal representation. These attorneys must meet qualifications established by the Judicial Council (the governing and policymaking body of the judicial branch). Some of these attorneys are employed by state agencies—specifically, the Office of the State Public Defender or the Habeas Corpus Resource Center. The remainder are private attorneys who are paid by the California Supreme Court. Different attorneys generally are appointed to represent individuals in direct appeals and habeas corpus petitions.

State Incurs Legal Challenge Costs. The state pays for the California Supreme Court to hear these legal challenges and for attorneys to represent condemned inmates. The state also pays for the attorneys employed by the state Department of Justice who seek to uphold death sentences while cases are being challenged in the courts. In total, the state currently spends about $55 million annually on the legal challenges to death sentences.

Legal Challenges Can Take a Couple of Decades. Of the 930 individuals who have received a death sentence since 1978, 15 have been executed, 103 have died prior to being executed, 64 have had their sentences reduced by the courts, and 748 are in state prison with death sentences. The vast majority of the 748 condemned inmates are at various stages of the direct appeal or habeas corpus petition process. These legal challenges—measured from when the individual receives a death sentence to when the individual has completed all state and federal legal challenge proceedings—can take a couple of decades to complete in California due to various factors. For example, condemned inmates can spend significant amounts of time waiting for the California Supreme Court to appoint attorneys to represent them. As of April 2016, 49 individuals were waiting for attorneys to be appointed for their direct appeals and 360 individuals were waiting for attorneys to be appointed for their habeas corpus petitions. In addition, condemned inmates can spend a significant amount of time waiting for their cases to be heard by the courts. As of April 2016, an estimated 337 direct appeals and 263 state habeas corpus petitions were pending in the California Supreme Court.

Implementation of the Death Penalty

Housing of Condemned Inmates. Condemned male inmates generally are required to be housed at San Quentin State Prison (on death row), while condemned female inmates are housed at the Central California Women’s Facility in Chowchilla. The state currently has various security regulations and procedures that result in increased security costs for these inmates. For example, inmates under a death sentence generally are handcuffed and escorted at all times by one or two officers while outside their cells. In addition, unlike most inmates, condemned inmates are currently required to be placed in separate cells.

Executions Currently Halted by Courts. The state uses lethal injection to execute condemned inmates. However, because of different legal issues surrounding the state’s lethal injection procedures, executions have not taken place since 2006. For example, the courts ruled that the state did not follow the administrative procedures specified in the Administrative Procedures Act when it revised its execution regulations in 2010. These procedures require state agencies to engage in certain activities to provide the public with a meaningful opportunity to participate in the process of writing state regulations. Draft lethal injection regulations have been developed and are currently undergoing public review.

— Legislative Analyst's Office

Análisis del analista legislativo / Proposal

Esta iniciativa de ley busca acortar el tiempo que toman los acciones legales para las sentencias de muerte. Específicamente, dicha iniciativa (1) requiere que las peticiones habeas corpus sean escuchadas primero en los tribunales de primera instancia, (2) establece límites de tiempo a los acciones legales de las sentencias de muerte, (3) cambia el proceso de designación de abogados que representen a los reclusos condenados, y (4) hace otros cambios. (Hay otra iniciativa de ley en esta papeleta—la Propuesta 62—que también está relacionada con la pena de muerte. La Propuesta 62 eliminaría la pena de muerte para el homicidio en primer grado.)

Requiere Que las Peticiones Habeas Corpus Sean Escuchadas Primero en los Tribunales de Primera Instancia

La iniciativa de ley requiere que las peticiones habeas corpus sean escuchadas primero los tribunales de primera instancia en lugar del Tribunal Supremo de California. (Las apelaciones directas continuarían siendo escuchadas en el Tribunal Supremo de California.) Específicamente, estas peticiones habeas corpus serían escuchadas por el juez que celebró el juicio original por homicidio salvo que se demuestre buena causa por otro juez o tribunal para conocer la petición. La iniciativa de ley requiere que los tribunales de primera instancia expliquen por escrito su decisión para cada petición, la cual podría apelarse ante los Tribunales de Apelaciones. Las decisiones tomadas por los Tribunales de Apelaciones luego podría apelarse ante el Tribunal Supremo de California. La iniciativa de ley le permite al Tribunal Supremo de California trasferir a los tribunales de primera instancia cualquier petición habeas corpus que actualmente tenga pendiente.

Establece Límites de Tiempo para las Acciones Legales contra las Sentencias a Pena de Muerte.

Requiere la Culminación del Proceso de Apelación Directa y Petición Habeas Corpus en Cinco Años. La iniciativa de ley requiere que el proceso de apelación directa y petición habeas corpus se complete en un lapso de cinco años a partir de que se dicte la sentencia a pena de muerte. La iniciativa de ley también requiere que el Consejo Judicial revise sus normas para ayudar a garantizar que las apelaciones directas y peticiones habeas corpus se completen en este lapso de tiempo. El requerimiento de cinco años se aplicaría a las acciones legales nuevas, así como a aquellas actualmente pendientes en el tribunal. Para las acciones actualmente pendientes, la iniciativa de ley requiere que estas sean completadas en un lapso de cinco años a partir del momento en el que el Consejo Judicial adopte las normas revisadas. Si proceso tarda más de cinco años, las víctimas o sus abogados podrían solicitarle una orden de un tribunal para abordar el retraso.

Requiere la Presentación de Peticiones Habeas Corpus en el Lapso de Un Año a Partir de la Designación de un Abogado.

La iniciativa de ley requiere que los abogados designados para representar a los reclusos condenados en peticiones habeas corpus presenten la petición ante los tribunales de primera instancia en el lapso de un año a partir de su designación. Por lo general, el tribunal de primera instancia luego tendría un año para tomar una decisión sobre la petición. Si una petición no se presenta en este período de tiempo, el tribunal de primera instancia debe desestimar la petición, salvo que determine que el acusado probablemente es inocente o no es elegible para la sentencia de muerte.

Establece Otras Limitaciones. Con el fin de ayudar a cumplir con los lapsos de tiempo antes mencionados, la iniciativa de ley estableces otros límites a las acciones legales contra las sentencias a pena de muerte. Por ejemplo, la iniciativa de ley no permite que se presenten peticiones habeas corpus adicionales después de presentar la primera petición, excepto en aquellos casos en los que el tribunal determine que el acusado probablemente es inocente o no es elegible para la sentencia de muerte.

Cambia los Procesos de Designación de Abogados

 La iniciativa de ley requiere que el Consejo Judicial y el Tribunal Supremo de California consideren cambiar las cualificaciones que deben reunir los abogados que representan a los reclusos condenados. De acuerdo con la iniciativa de ley, estas cualificaciones deben (1) garantizar la representación competente y (2) expandir el número de abogados que pueden representar a los reclusos condenados de modo que las acciones legales contra las sentencias de muerte sean escuchadas de manera oportuna.

La iniciativa de ley también requiere que los tribunales de primera instancia sean los que designen a los abogados para las peticiones habeas corpus, en lugar del Tribunal Supremo de California.

Asimismo, la iniciativa de ley cambia la forma como se designan los abogados para las apelaciones directas, bajo ciertas circunstancias. Actualmente, el Tribunal Supremo de California designa a los abogados a partir de una lista de abogados calificados que el mismo mantiene. Según la iniciativa de ley, ciertos abogados también podrían ser designados a partir de las listas de abogados que mantienen los Tribunales de

Apelaciones para los casos que no involucran penas de muerte. Específicamente, esos abogados que (1) están calificados para su designaciones en las apelaciones más graves que no son de pena de muerte y (2) reúnen las cualificaciones adoptadas por el Consejo Judicial para la designación en los casos de pena de muerte estarían obligados a aceptar la designación para las apelaciones directas, si desean permanecer en las listas de designación de los Tribunales de Apelaciones.

Hace Otros Cambios

Operaciones del Centro de Recursos Habeas Corpus. La iniciativa de ley elimina la junta directiva de cinco miembros del Centro de Recursos Habeas Corpus y requiere que el Tribunal Supremo de California Supervise el centro. La iniciativa de ley también requiere que los abogados del centro sean pagados al mismo nivel que los abogados de la Oficina Estatal de Defensores Públicos, además de limitar sus actividades legales.

Trabajo de los Reclusos y Requisitos de Pagos a las Víctimas de un Delito. Por lo general, la ley estatal actual requiere que los reclusos trabajen mientras están en prisión. Las regulaciones de las prisiones estatales tienen algunas excepciones a estos requisitos, como para los reclusos cuya participación en estos programas laborales represente un riesgo de seguridad demasiado grande. Además, los tribunales pueden exigirles a los reclusos que efectúen pagos a las víctimas del delito. Hasta el 50 por ciento del dinero que reciben los reclusos se utiliza para pagar estas deudas. Esta iniciativa de ley especifica que cada persona con sentencia a pena de muerte debe trabajar mientras está en la prisión estatal, sujeto a las regulaciones del estado. Dado que la iniciativa de ley no cambia las regulaciones estatales, las prácticas penitenciarias existentes relacionadas con los requisitos de trabajo del recluso no se cambiarían necesariamente. Además, la iniciativa de ley requiere que el 70 por ciento del dinero que reciben los reclusos condenados se use para pagar cualquier deuda que tengan con las víctimas.

Cumplimiento de la Sentencia de a Pena de Muerte. La iniciativa de ley permite que el estado albergue a los reclusos condenados en cualquier prisión. La iniciativa de ley también exime los procedimientos estatales de ejecución de la Ley de Procedimientos Administrativos. Asimismo, la iniciativa de ley hace varios cambios relacionados con el método de ejecución utilizado por el estado.

Por ejemplo, los acciones legales contra el método podrían ser escuchadas en el tribunal que impuso la sentencia a pena de muerte. Además, si dichos recursos fuesen exitosos, la iniciativa de ley requiere que el tribunal de primera instancia ordene un método válido de ejecución. En los casos en los que el Tribunal federal ordene evitar que el estado use un método de ejecución dado, las prisiones estatales estarían obligadas a desarrollar un método de ejecución que cumpla con los requisitos federales en un lapso de 90 días. Finalmente, la iniciativa de ley exime a varios profesionales de la atención médica que asisten con las ejecuciones de ciertas leyes estatales y acciones disciplinarias por parte de las agencias certificadoras, si se imponen dichas sanciones como resultado de ayudar con las ejecuciones.

— Legislative Analyst's Office

Efectos fiscales

Costos para los Tribunales del Estado

El Impacto en el Costo por Acción Legal es Incierto. El impacto fiscal de la iniciativa de ley en los costos del estado relacionados con el tribunal de cada acción legal contra una sentencia a pena de muerte es incierto. Esto se debe a que el costo real podría variar significativamente dependiendo de cuatro factores clave:

(1) la complejidad de los acciones legales presentadas, (2) cómo el estado aborda las acciones legales nuevas y existentes, (3) la disponibilidad de los abogados para representar a los reclusos condenados, y (4) si se necesitarán abogados adicionales para procesar cada acción legal.

Por una parte, la iniciativa de ley podría reducir el costo de cada acción legal. Por ejemplo, el requisito de que cada acción legal sea completada por lo general en cinco años, así como los límites del el número de peticiones habeas corpus que pueden presentarse, podría dar como resultado que se presenten menos documentos legales, más cortos. Dicho cambio podría resultar en que cada acción legal tome menos tiempo y recursos estatales para su procesamiento.

Por otra parte, algunas de las disposiciones de la iniciativa de ley podrían incrementar los costos estatales por cada acción legal. Por ejemplo, los abogados de revisión adicionales requeridos para una petición habeas corpus podría resultar en tiempo y recursos adicionales para que los tribunales procesen cada acción legal. Además, podrían haber costos adicionales de abogado si el estado determina que debe designarse un nuevo abogado, cuando una petición habeas corpus juzgada por los tribunales de primera instancia es apelada ante los Tribunales de Apelaciones.

En vista de lo anterior, se desconoce el impacto fiscal continuo de la iniciativa de ley en los costos estatales relacionados con las acciones legales contra las sentencias a penas de muerte.

El Costo Anual a Corto Plazo Aumenta Debido al Gasto Acelerado en los Casos Existentes. Independientemente de cómo la iniciativa de ley afecta el costo de cada acción legal, la iniciativa de ley aceleraría la cantidad que el estado gasta en acciones legales contra las sentencias a pena de muerte. Esto se debe a que el estado contraería costos anuales aumentados a corto plazo para procesar cientos de acciones legales pendientes dentro de los límites de tiempo especificados en la iniciativa de ley. El estado ahorraría cantidades similares en años futuros ya que algunos

o todos estos costos habrían ocurrido de otro modo por un plazo mucho más largo, en ausencia de esta iniciativa de ley. Dado el número significativo de casos pendientes que necesitarían ser abordados, se desconoce el monto y duración reales de estos costos acelerados a corto plazo. Sin embargo, es posible que dichos costos estén en las decenas de millones de dólares al año por muchos años.

Prisiones del Estado

En la medida que el estado cambie la forma en que alberga a los reclusos condenados, la iniciativa de ley podría dar como resultado ahorros a las prisiones estatales. Por ejemplo, si los reclusos fuesen transferidos a otras prisiones en lugar de ser albergados en celdas sencillas en San Quentin, se reduciría el costo del albergue y supervisión de estos reclusos. Además, en la medida en que la iniciativa de ley resulte en ejecuciones adicionales que reduzcan el número de reclusos condenados, el estado también tendría ahorros adicionales. En total, dichos ahorros potencialmente podrían alcanzar las decenas de millones de dólares al año.

Otros Efectos Fiscales

En la medida en que los cambios en esta iniciativa ley tengan un efecto sobre la incidencia de homicidios en California o cuán a menudo los fiscales busquen la pena de muerte en juicios por homicidio, la iniciativa de ley podría afectar los gastos del gobierno local y estatal. El impacto fiscal resultante, si lo hay, es desconocido y no puede estimarse.

— Legislative Analyst's Office

Un voto por el SÍ significa

Los procesos judiciales para los casos legales de las sentencias de muerte estarían sujetos a varios cambios, como límites de tiempo en esos casos y reglas revisadas para aumentar el número de abogados disponibles para ellos. Los prisioneros condenados podrían alojarse en cualquier prisión estatal.

Un voto por el NO significa

No habría cambios en el proceso judicial actual del estado para los casos legales de las sentencias de muerte. El estado continuaría limitado a albergar prisioneros condenados únicamente en ciertas prisiones estatales.

Argumento A FAVOR

Los líderes electos responsables de la aplicación de la ley, funcionarios policiales, fiscales de primera línea, y los familiares de víctimas de homicidio en California le piden que REFORMEN el sistema de pena de muerte de California votando ¡SÍ POR LA PROPUESTA 66!

Reconocemos que el actual sistema de pena de muerte de California está dañado. Los criminales más atroces esperan su ejecución por 30 años, con interminables apelaciones que atrasan el sistema de justicia y les cuestan cientos de millones a los contribuyentes.

Esto no tiene que ser de esta manera.

La solución es MODIFICAR, NO ELIMINAR, la pena de muerte en California.

La solución es SÍ por la PROPUESTA 66.

La Propuesta 66 fue redactada para acelerar el sistema de apelaciones de la pena de muerte a la vez que garantiza que ninguna persona inocente sea ejecutada.

La Propuesta 66 significa que el peor de los peores asesinos recibe la sentencia más fuerte.

La Prop. 66 les permite a las familias de las víctimas tener clausura.

La Propuesta 66 protege la seguridad pública—estos asesinos brutales no tendrán oportunidad de estar de nuevo en la sociedad.

La Prop. 66 le ahorra dinero a los contribuyentes, porque los criminales atroces ya no estarán a la espera de la ejecución de la pena de muerte a expensas del contribuyente por más de 30 años.

La Propuesta 66 fue redactada por fiscales de primera línea en la pena de muerte que conocen el sistema a fondo. Ellos conocen los errores del sistema y saben cómo arreglarlo. Puede sonar complicado, pero en realidad las reformas son bastante simples.

A CONTINUACIÓN, LO QUE HACE LA PROPUESTA 66:

  1. Todas las apelaciones estatales deben limitarse a 5 años.
  2. A cada homicida sentenciado a muerte se le asignarán de inmediato abogados especializados. Actualmente, pueden pasar cinco años o más para que penas les asignen un abogado.
  3. Se expandirá el grupo de abogados disponibles para atender estas apelaciones.
  4. Los tribunales de primera instancia que abordaron los juicios de pena de muerte y los conocen mejor, atenderán las apelaciones iniciales.
  5. El Tribunal Supremo del estado los facultará para supervisar el sistema y asegurar que las apelaciones sean expeditas a la vez que se protegen los derechos del acusado.
  6. El Departamento Estatal de Instituciones Penitenciarias (Prisiones) reformarán la infraestructura del corredor de la muerte; eliminando privilegios especiales a estos homicidas brutales y ahorrando millones.

En conjunto, estas reformas les ahorrarán a los contribuyentes de California más de $30,000,000 al año, según el ex Director de Finanzas de California Mike Genest, al tiempo que hace que nuestro sistema de pena de muerte funcione de nuevo.

EN CALIFORNIA NECESITAMOS UN SISTEMA DE PENA DE MUERTE QUE FUNCIONE

Las sentencias de pena de muerte son dictadas en escasas oportunidades y de forma sensata, y solo en contra de los homicidas más peligrosos.

Para ser elegible para la pena de muerte en California, debes ser culpable de homicidio en primer grado con "circunstancias especiales."

Estas circunstancias especiales incluye, entre otras:

• Homicidas que han torturado/violado a sus víctimas.

• Homicidas de niños.

• Homicidas múltiples/asesinos en serie.

• Homicidios cometidos por terroristas";" como parte de un crimen de odio, o asesinar a un oficial de policía.

Cerca de 2,000 homicidios ocurren anualmente en California. Solo se imponen cerca de 15 sentencias a pena de muerte.

Pero cuando ocurren estos horribles delitos, y un jurado determina de forma unánime que un criminal es culpable y, por separado, de forma unánime recomienda la pena de muerte, las apelaciones deben presentarse en un lapso de cinco años, y el homicida ejecutado.

Ayúdenos a proteger a California, brindarle clausura a las víctimas, y ahorrarles millones a los contribuyentes.

Visite www.NoProp62YesProp66.com para más información.

Luego únase al orden público y las familias de las víctimas y ¡VOTE SÍ EN LA PROPUESTA 66!

JACKIE LACEY, fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles

KERMIT ALEXANDER, Familiar de Múltiples Víctimas de Homicidio

SHAWN WELCH, Presidente

Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado de Contra Costa

— Secretary of State Voter Info Guide

Argumento EN CONTRA

La Prop. 66 DESPERDICIA DECENAS DE MILLONES DE DÓLARES DE LOS CONTRIBUYENTES.

Las pruebas demuestran que MÁS DE 150 PERSONAS INOCENTES HAN SIDO SENTENCIADAS A PENA DE MUERTE y algunas han sido ejecutadas a causa de leyes deficientemente redactadas como esta.

La Prop. 66 es tan confusa y está tan mal redactada que no conocemos todas sus consecuencias. Sabemos esto: añadirá más niveles a la burocracia gubernamental causando más demoras, costo en dinero a los contribuyentes y aumento del riesgo de California de ejecutar a una persona inocente.

Los expertos concuerdan: La Prop. 66 tiene FALLAS PROFUNDAS.

** LA PROP. 66 PODRÍA INCREMENTAR EN MILLONES LOS COSTOS AL CONTRIBUYENTE.

De acuerdo con analistas no partidistas, la Prop. 66 podría costar "decenas de millones de dólares al año" con costos "desconocidos" más allá de eso. Lea el informe de LAO publicado en www.No0nCAProp66.org/cost.

Los expertos dicen que la Prop. 66:

• AUMENTARÁ EL GASTO EN PRISIONES mientras que las escuelas, servicios sociales y otras prioridades sufrirán.

• AUMENTARÁ la defensa legal FINANCIADA POR EL CONTRIBUYENTE para los reclusos a la espera de la ejecución de la pena de muerte, requiriendo que el estado pueda llegar a contratar 400 nuevos abogados financiados por el contribuyente.

• GUIARÁ HACIA LA CONSTRUCCIÓN de nuevas instalaciones del CORREDOR DE LA MUERTE FINANCIADAS POR EL CONTRIBUYE. Esta iniciativa autoriza al estado a que albergue reclusos sentenciados a pena de muerte en nuevas cárceles, en cualquier lugar de California.

• Conllevar al LITIGIO COSTOSO por parte de abogados que impugnarán una serie de disposiciones mal redactadas.

"La Prop. 66 es tan defectuosa que es imposible saber con seguridad todos los costos ocultos que impondrá a los contribuyentes de California."—John Van de Kamp, exprocurador General de California.

** LA PROP. 66 AUMENTARÍA EL RIESGO DE EJECUTAR A UNA PERSONA INOCENTE EN CALIFORNIA.

En lugar de asegurar que todos tengan un juicio justo con todas las pruebas presentadas, esta iniciativa de ley ELIMINA GARANTÍAS PROCESALES IMPORTANTES y podría fácilmente derivar en errores fatales.

Esta iniciativa de ley sigue el modelo de leyes estatales como la de Texas, donde las autoridades han ejecutado a personas inocentes. Personas como Cameron Willingham y Carlos De Luna, ambos ejecutados en Texas.

Los expertos ahora dicen que ellos eran inocentes.

La Prop. 66:

• LIMITARÁ la capacidad de presentar nuevas pruebas de inocencia en el tribunal.

• DEJARÁ vulnerables a los errores a las personas que no pueden pagar un buen abogado.

• CONGESTIONARÁ los tribunales locales al transferirles los casos de pena de muerte, añadiendo nuevos niveles de burocracia y colocando casos de alto perfil en las manos de jueces y abogados inexpertos. Esto produciría errores costosos.

"Si alguien es ejecutado y luego se comprueba su inocencia, no podemos retroceder."—Juez LaDoris Cordell, Santa Clara (retirado).

** UNA INICIATIVA CONFUSA Y DEFICIENTEMENTE REDACTADA QUE SOLO CAUSARÁ MÁS DEMORAS.

La Prop. 66 es un experimento desacertado que les pide a los contribuyentes aumentar en MILLONES los costos de nuestro sistema judicial y penitenciario para promulgar reformas mal escritas que pondrían a California en riesgo.

SF Weekly declaró, "Analizar las 16 páginas de la iniciativa es como leer el primer borrador de un ensayo de pregrado. La redacción es vaga, desenfocada y se siente como escrita al azar".

En lugar de añadir nuevos niveles de burocracia gubernamental y aumentar los costos, merecemos una verdadera reforma de nuestro sistema judicial. La Prop. 66 no es la respuesta.

"En lugar de cambios imprudentes y costosos a nuestro sistema penitenciario, necesitamos inversiones inteligentes que han demostrado que reducen el delito y cumple con las víctimas".—Dionne Wilson, viuda de un funcionario policial muerto en la línea del deber.

JEANNE WOODFORD, Guardia

Prisión del Corredor de la Muerte de California, 1999–2004

FRANCISCO CARRILLO JR., Hombre inocente condenado erróneamente en el Condado de Los Ángeles

HON. ANTONIO R. VILLARAIGOSA, Mlcalde

Ciudad de Los Ángeles, 2005—2013

— Secretary of State Voter Info Guide

Refutación al argumento A FAVOR

La Prop. 66 es un COSTOSO EXPERIMENTO pobremente redactado que AUMENTARÍA EL RIESGO DE EJECUTAR A UNA PERSONA INOCENTE EN CALIFORNIA, añade nuevos abogados a la burocracia del gobierno y crea aún más demoras legales en los casos de pena de muerte.

**Lea la iniciativa de ley por usted mismo: De acuerdo con la Oficina estatal de Análisis Legislativo no partidista, esta iniciativa de ley podría costarle a los contribuyentes DECENAS DE MILLONES DE DÓLARES.

La Prop. 66 no es una reforma real. A continuación, lo que DICEN LOS EXPERTOS SOBRE lo que la Prop. 66 HARÍA REALMENTE:

• AUMENTAR la probabilidad de que California ejecute a una persona inocente

• AUMENTAR la defensa legal FINANCIADA POR EL CONTRIBUYENTE para los reclusos en el corredor de la muerte

• REQUERIR que el estado contrate y pague cientos de nuevos abogados

• RESULTAR EN LA CONSTRUCCIÓN de nuevas instalaciones del CORREDOR DE LA MUERTE FINANCIADAS POR EL CONTRIBUYENTE

• CONGESTIONAR los tribunales de condado, imponiendo los casos de pena de muerte a jueces inexpertos

• Conllevar al LITIGIO COSTOSO por parte de abogados que impugnarán una serie de disposiciones confuses

La Prop. 66 es un perfecto ejemplo de cómo los GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL abusan de su poder y presionan una agenda bajo la excusa de reformas.

Veamos quién está detrás de la Prop. 66: el sindicato de custodios de prisiones que tiene un interés en canalizar más dinero al sistema penitenciario y políticos oportunistas que usan la iniciativa para avanzar en sus carreras.

Los expertos concuerdan: La Prop. 66 es una iniciativa CONFUSA, POBREMENTE REDACTADA que solo añadirá MÁS RETRASOS y MÁS COSTOS a la pena de muerte en California.

Recuerde, MÁS DE 150 PERSONAS INOCENTES HAN SIDO SENTENCIADAS A PENA DE MUERTE y algunas han sido ejecutadas a causa de leyes deficientemente redactadas como esta.

Los californianos merecen una verdadera reforma. La Prop. 66 no es la respuesta.

www.NOonCAProp66.org

GIL GARCETTI, Fiscal de Distrito

Condado de Los Ángeles, 1992-2000

JUEZ LADORIS CORDELL, (Retirada)

Tribunal Superior del Condado de Santa Clara

HELEN HUTCHISON, Presidente

Liga de Mujeres Votantes de California

— Secretary of State Voter Info Guide

Refutación al argumento EN CONTRA

La Propuesta 66 fue escrita cuidadosamente por los principales fiscales penales de California, la Fundación Legal de Justicia Penal y otros altos expertos—personas que saben por experiencia lo que se necesita para MODIFICAR, NO ELIMINAR nuestro obsoleto sistema estatal de pena de muerte.

Los extremistas detractores de la pena de muerte que se oponen a la Propuesta 66 saben que esta repara el sistema y dirán cualquier cosa para rebatirla. No se deje engañar.

La Propuesta 66 reforma la pena de muerta de manera que el sistema sea justo tanto para los acusados como para las familias de las víctimas. Los acusados actualmente esperan cinco años solo para que les asignen un abogado, demorando la justicia, obstaculizando sus apelaciones y evitando la clausura para los familiares de las víctimas. La Propuesta 66 arregla esto agilizando el proceso para garantizar justicia para todos.

Según el sistema actual, los asesinos más brutales de California—los asesinos en serie, los asesinos en masa, los asesinos de niños y los asesinos que violan y torturan a sus víctimas—permanecen en a la espera de la ejecución de la pena de muerte hasta que fallecen de vejez, siendo los contribuyentes los que pagan por su alimentación, atención médica, privilegios y apelaciones legales interminables.

Al reformar el sistema, la Propuesta 66 les ahorrará a los contribuyentes más de $30 millones al año, de acuerdo con el ex director de finanzas de California, Mike Genest. En lugar de mantenerse rezagados por décadas y costar millones, los asesinos en el corredor de la muerte tendrán de cinco a diez años para que sus apelaciones sean escuchadas, suficiente tiempo para garantizar que la justicia sea aplicada equitativamente, a la vez que garantiza que ninguna persona inocente sea ejecutada erróneamente.

Garantice la justicia votando "SÍ" por la Propuesta 66—para MODIFICAR, NO ELIMINAR la pena de muerte.

Conozca más en www.NoProp62YesProp66.com.

ANNE MARIE SCHUBERT, Fiscal de Distrito del Condado de Sacramento

SANDY FRIEND, Madre de una Víctima de Homicidio

CHUCK ALEXANDER, Presidente

Asociación de Oficiales Correccionales de California

— Secretary of State Voter Info Guide

Sí on Prop. 66

Dinero total recaudado: $13,301,950

No on Prop. 66

Dinero total recaudado: $17,836,932

A continuación, están los primeros 10 contribuyentes que dieron más dinero a los comités que apoyan o se oponen a la(s) iniciativa(s) de ley.

Sí por Prop. 66

1
Peace Officers Research Association of California
$755,000
2
California Association of Highway Patrolmen
$250,000
3
Association for Los Angeles Deputy Sheriffs
$210,000
4
Nicholas III, Henry T.
$200,000
5
Motamedi, Julie
$175,000
6
San Francisco Police Officers Association
$165,000
7
San Bernardino County Safety Employees Benefit Association
$150,000
8
Association of Deputy District Attorneys - Los Angeles
$130,000
9
California Correctional Peace Officers Association
$129,285
10
Los Angeles County Professional Peace Officers Association
$125,907

No por Prop. 66

1
Fund for Policy Reform
$6,140,000
2
Steyer, Thomas
$1,750,000
3
McKeown, Nicholas
$1,500,000
4
Hastings, Reed
$1,000,000
4
Open Society Foundations
$1,000,000
5
Emerson Collective
$600,000
6
Doerr, L. John
$500,000
6
Graham, Paul
$500,000
7
American Civil Liberties Union (ACLU)
$300,000
8
Nextgen Climate
$250,322

Sí on Prop. 66

Por estado:

California 99.95%
Arizona 0.04%
Maryland 0.01%
99.95%

Por tamaño:

Contribuciones grandes (92.14%)
Contribuciones pequeñas (7.86%)
92.14%

Por tipo:

De organizaciones (23.62%)
De individuos (76.38%)
23.62%76.38%

No on Prop. 66

Por estado:

California 57.50%
Delaware 34.68%
District of Columbia 5.67%
New York 0.88%
Other 1.28%
57.50%34.68%

Por tamaño:

Contribuciones grandes (99.27%)
Contribuciones pequeñas (0.73%)
99.27%

Por tipo:

De organizaciones (54.02%)
De individuos (45.98%)
54.02%45.98%
Información del contacto de la campaña por el sí Prop. 66
Kermit Alexander Californians for Death Penalty Reform and Savings
Email info@noprop62yesprop66.com
Phone: (800) 372-6417
Address:
520 Capitol Mall
Ste. 630
Sacramento, CA 95814
Información del contacto de la campaña por el no Prop. 66
No on 66—Californians for Fair Justice
Email campaign@cafairjustice.org
Address:
39 Drumm St.
San Francisco, CA 94111
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En su boleta electoral real, puede votar 'sí' o 'no' por esta iniciativa.

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