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League of Women Voters of California Education Fund
November 8, 2016 — Elección General de California
Boleta y información de la votación para el Mendocino County.
Este archivo pertenece a una elección pasada.

— Venta de Armas de Fuego y MunicionesArmas de fuego. Venta de municiones.Initiative Statute

November 8, 2016Elección General de California

State of California
Prop. 63 — Venta de Armas de Fuego y Municiones Initiative Statute - Majority Approval Required

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Resultados electorales

Se aprueba

8,663,159 votos si (63.1%)

5,070,772 votos no (36.9%)

  • 100% de distritos activos (24,847/24,847).

Exige una verificación de antecedentes penales y la autorización del Departamento de Justicia para comprar municiones. Prohíbe la posesión de cargadores de municiones de gran capacidad. Establece procedimientos para hacer cumplir las leyes que prohíben que personas específicas posean armas de fuego. Exige la participación del Departamento de Justicia en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales.

Fuente: The League of Women Voters of California Education Fund

Cómo está ahora

Las leyes estatales y federales impiden a ciertas personas comprar armas de fuego. Esto incluye a personas que han cometido delitos graves y otros crímenes, así como a cierta gente con enfermedades mentales. A la gente que compra un arma también se le deben revisar sus antecedentes a través del Departamento de Justicia. A la fecha, no se requiere revisar los antecedentes para comprar municiones, como balas o cartuchos de escopeta. Se va a requerir la revisión de antecedentes para comprar municiones a partir de enero de 2017.

¿Qué pasa si se aprueba?

La Prop 63 crearía un nuevo proceso en la corte para asegurar que los convictos por delitos graves y algunos otros crímenes no tengan armas de fuego. Se requeriría a los oficiales de probación asegurarse que estas personas hayan entregado sus armas. La gente podría entregar sus armas a la policía, almacenarlas con algún distribuidor de armas o venderlas a un distribuidor. La Prop 63 también haría ilegal que se poseyeran ciertos tipos de “recámaras” (magazines) para armas o clips que pueden contener un número elevado de balas.

Efectos en el presupuesto estatal

Los nuevos procedimientos en las cortes podrían costar unas decenas de millones de dólares al año. Los costos por prisiones, cárceles, libertad condicional y probación probablemente no serían más que de unos pocos millones de dólares cada año. Algunos de estos costos serían pagados por las cuotas a los vendedores de municiones o a los compradores de armas.

La gente a favor dice

• La Prop 63 aseguraría que los criminales violentos y las personas con enfermedades mentales no tengan acceso a las armas de fuego.

• Esto fortalece las leyes existentes sobre armas y evita que personas peligrosas compren municiones.

La gente en contra dice

• Esto haría más difícil que gente que cumple con la ley compre municiones.

• Los costos para la Prop 63 podrían gastarse mejor entrenando a policías, contratando a más oficiales y manteniendo a los criminales peligrosos fuera de las calles.

Fuente: Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes

La pregunta

¿Debería el estado de California fortalecer la revisión de antecedentes y la vigilancia del Departamento de Justicia; fortalecer las restricciones y monitoreo para la venta de armas y municiones; requerir que se reporten las armas de fuego perdidas o robadas; y prohibir las recámaras de cartuchos de alta capacidad?

La situación

Bajo la ley federal y estatal, no se permite tener armas de fuego a ciertas personas: (1) a aquellos condenados por delitos mayores y algunos menores; (2) a aquellos que han sido considerados por una corte como peligrosos a sí mismos o a los demás, debido a una enfermedad mental, y (3) a aquellos con una orden de restricción en su contra. Existe un sistema nacional de revisión de antecedentes para asegurar que un comprador no tenga una prohibición para hacerlo y para que el Departamento de Justicia de California (DOJ) haga revisiones para identificar la posesión ilegal de armas y confiscarlas.

Bajo la ley estatal, existen límites sobre el tipo de armas de fuego que se pueden comprar, un periodo de espera antes que un comprador pueda adquirir un arma de fuego de un distribuidor y requerimientos para reportar la venta de tales armas. A partir de 2018, va a ser necesaria una licencia del DOJ por un año para vender municiones y la mayoría de las ventas de éstas tendrán que hacerse a través de un distribuidor con licencia. A partir de 2019, los distribuidores tendrán que confirmar con el DOJ que quienes buscan comprar municiones no sean personas a quienes se les prohíbe hacerlo, y los distribuidores generalmente tendrán que colectar y reportar la información detallada por cada venta de municiones al DOJ, la que se guardará por dos años. Además, se limitará la propiedad de recámaras de cartuchos de alta capacidad.

La propuesta

La Prop. 63 incluye varias regulaciones relacionadas con la venta de municiones, algunas de las cuales reemplazarían a la ley existente. Los compradores tendrían que obtener y pagar por un permiso de cuatro años del DOJ para comprar municiones, los distribuidores tendrían que revisar que los compradores tengan los permisos, los cuales serían revocados a las personas con alguna prohibición.

A las personas condenadas por robo de armas de fuego se les prohibiría poseerlas. Se establecería un nuevo proceso en corte para asegurar que aquellos individuos a los que se les haya prohibido, no sigan teniendo la armas de fuego, y se establecerían nuevos requerimientos para los reportes. Se incrementaría la pena máxima por posesión de recámaras de cartuchos de gran capacidad.

Efectos fiscales

Probablemente habría mayores costos estatales y locales por decenas de millones de dólares anuales debido a un incremento en la carga de trabajo causada por el nuevo proceso en la corte. Los costos estatales potenciales relacionados a la regulación de ventas de municiones probablemente no serían de más de algunos millones de dólares al año y podrían compensarse con varias cuotas regulatorias.

El potencial incremento en costos de corrección estatales y locales probablemente no excederían unos pocos millones de dólares al año.

Sus partidarios dicen

  • La Prop. 63 salvará vidas al prevenir que criminales peligrosos, abusadores domésticos y enfermos mentales peligrosos obtengan y usen armas mortales.
  • La Prop. 63 protegerá el derecho de los californianos que respetan la ley de poseer armas para defenderse, cazar y realizar actividades recreativas.

Sus oponentes dicen

  • A la Prop. 63 se oponen la comunidad de quienes aplican la ley y grupos de derechos civiles, porque agobiará a los ciudadanos que respetan la ley sin negar a criminales violentos el acceso a armas de fuego y municiones.
  • La Prop. 63 abrumará al sistema de cortes con la aplicación de leyes imperfectas.

Resumen

Exige que las personas aprueben una verificación de antecedentes y que obtengan la autorización del Departamento de Justicia para comprar municiones.

Prohíbe la posesión de cargadores de municiones de gran capacidad y exige que se desechen según se especifica.

Exige que la mayoría de las ventas de municiones se realicen por medio de distribuidores de municiones certificados y declarados ante el Departamento de Justicia.

Exige que las armas de fuego y las municiones perdidas o robadas se reporten a los cuerpos policiales.

Prohíbe que las personas condenadas por robo de armas de fuego posean armas de fuego.

Establece nuevos procedimientos para hacer cumplir las leyes que prohíben la posesión de armas de fuego.

Exige que el Departamento de Justicia proporcione información al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales sobre las personas prohibidas.

Resumen del cálculo del analista legislativo del impacto fiscal neto sobre los gobiernos estatal y locales:

Mayores costos de los tribunales estatal y locales, y de aplicación de la ley, probablemente en decenas de millones de dólares al año, relacionados con nuevos procesos judiciales para retirar las armas de fuego a personas prohibidas después de ser condenadas. 

Aumento potencial en los costos estatales, que probablemente no excedan los millones de dólares al año, relacionados con la regulación de la venta de municiones. Estos costos posiblemente serían compensados por los ingresos de las tarifas.

Aumento potencial neto en los costos correccionales locales y estatales, que probablemente no excedan los millones de dólares al año, relacionados con los cambios en las sanciones sobre armas de fuego y municiones.

— Attorney General of California

Antecedentes

Restricciones a la Posesión de Armas de Fuego y Municiones

De acuerdo con la ley federal y estatal, a ciertas personas no se les está permitido poseer armas de fuego. Este grupo de "personas prohibidas" incluye a los individuos (1) condenados por delitos mayores y algunos delitos menores (tales como asalto o agresión), (2) declarados por un tribunal como persona peligrosa para sí mismo o para otras personas debido a enfermedades mentales, y (3) con una orden de restricción en su contra. En California, a los individuos que no se les está permitido poseer armas de fuego tampoco se les está permitido poseer municiones.

Regulación de las Ventas de Armas de Fuego

Tanto la ley federal como la ley estatal incluyen diversas regulaciones relacionadas con las ventas de armas de fuego, incluyendo la concesión de licencias de los distribuidores de armas de fuego. Estas regulaciones incluyen:

• Verificación de Antecedentes. Según la ley federal, los distribuidores de armas de fuego deben solicitar la verificación de antecedentes de las personas que buscan comprar armas usando el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (National Instant Criminal Background Check System, NICS). El NICS busca un número de bases de datos federales para garantizar que el comprador no esté entre las personas prohibidas. Según lo permitido por la ley federal, California procesa todas las solicitudes de verificación de antecedentes de parte de los distribuidores de armas de fuego en el estado directamente mediante el NICS y varias bases de datos estatales.

• Retiro de Armas de Fuego a las Personas Prohibidas. El Departamento de Justicia de California (Department of Justice, DOJ) mantiene una base de datos de las personas que han comprado o registrado legalmente un arma de fuego en el estado. Los agentes del DOJ usan esta información para retirarles las armas de fuego a los individuos a los que no se les está permitida la posesión de armas de fuego.

• Otras Regulaciones. Otras regulaciones estatales relacionadas con las armas de fuego incluyen: los límites en el tipo de armas de fuego que pueden comprarse, un período de diez días de espera antes de que un distribuidor pueda entregarle un arma de fuego a un comprador y los requisitos para el registro y el informe de las ventas de armas de fuego.

Los cargos cobrados a los distribuidores de armas de fuego y a los compradores generalmente compensan los costos del estado para regular las ventas de armas de fuego.

Regulación de las Ventas de Municiones

Antes de este año, el estado no regulaba las ventas de municiones de la misma manera que las armas de fuego. En julio de 2016, el estado promulgó una legislación para aumentar la regulación de las ventas de municiones. Estas regulaciones incluyen:

• Licencias para Vender Municiones. A partir de enero de 2018, los individuos y los comercios tendrán que obtener una licencia de un año emitida por el DOJ para la venta de municiones. Para ciertas personas y comercios no será necesario obtener una licencia, como por ejemplo los cazadores con licencia que venden menos de 50 rondas de municiones mensuales a otro cazador con licencia, mientras se encuentran en un viaje de caza. Para obtener una licencia, los distribuidores de municiones tendrán que demostrar que no están entre las personas prohibidas. Además, ciertas entidades podrán recibir una licencia para la venta de municiones, como por ejemplo los distribuidores de arma de fuego con una licencia tanto del gobierno federal como del estatal y los mayoristas de arma de fuego. Un vendedor que no cumpla con los requisitos de venta de municiones en tres oportunidades se le revocará su licencia de distribuidor de municiones de forma permanente. El DOJ podría cobrar un cargo a los individuos y comercios que buscan una licencia para vender municiones a fin de apoyar los costos administrativos y de aplicabilidad de la ley.

• Aprobación del DOJ para la Compra de Municiones. A partir de julio de 2019, los distribuidores de municiones tendrán que verificar con el DOJ en el momento de la compra que los individuos que buscan comprar municiones no estén entre las personas prohibidas. Este requisito no se aplicará a algunos individuos, tales como las personas a las que les está permitido portar armas encubiertas. Además, los distribuidores de municiones por lo general tendrán que recopilar y reportar información al DOJ, como por ejemplo la fecha de la venta, la información de identificación de los compradores y el tipo de munición comprada, para su almacenamiento en una base de datos durante un período de dos años. El incumplimiento de estos requisitos es un delito menor (penado con una multa y/o encarcelamiento en la prisión del condado). El DOJ por lo general podría cobrarle a un individuo que está tratando de comprar municiones un cargo de hasta $1 por transacción para apoyar los costos administrativos y de aplicabilidad de la ley. El DOJ podría ajustar anualmente este cargo tope por inflación.

• Otras Regulaciones. A partir de enero de 2018, la ley estatal generalmente requerirá que la mayoría de las ventas de municiones (incluyendo las ventas por Internet y las ventas que se realizan fuera del estado) se lleven a cabo a través de un distribuidor de municiones con licencia. Además, a partir de julio de 2019, se prohibirá a la mayoría de los residentes de California traer municiones al estado sin haber entregado previamente las municiones a un distribuidor de municiones con licencia. El incumplimiento de estos requisitos es un delito menor.

Estatus de la legislación reciente

Como comentamos anteriormente, el estado promulgó una legislación para aumentar la regulación de las ventas de municiones. El estado también promulgó recientemente una legislación para limitar aún más la propiedad de los polvorines de gran capacidad y para crear una sanción por presentar un informe falso por la pérdida o robo de un arma de fuego para la aplicación de la ley. Estas leyes entrarán en vigor a menos que sean sometidas a los electores como referéndum. Si eso ocurre, los electores determinarán si las leyes entrarán vigor.

— Legislative Analyst's Office

Análisis del analista legislativo / Proposal

La Propuesta 63 (1) modifica la regulación estatal de ventas de municiones (2) crea un nuevo proceso judicial para garantizar el retiro de las armas de fuego a las personas prohibidas después de ser condenadas por un delito mayor o por ciertos delitos menores, e (3) implementa otras disposiciones varias. Además, la Propuesta 63 establece que la Legislatura puede modificar sus disposiciones si tales modificaciones son "consistentes y promueven la intención" de la iniciativa de ley. Estas modificaciones únicamente pueden hacerse si el 55 por ciento de los miembros de cada cámara de la Legislatura las aprueba y el proyecto de ley se convierte en ley.

Modificaciones a la Regulación estatal de ventas de municiones

La Propuesta 63 incluye diversas regulaciones relacionadas con las ventas de municiones. Algunas de las regulaciones reemplazarán las leyes existentes con disposiciones similares. Sin embargo, otras regulaciones propuestas por la Propuesta 63 son diferentes, como se explica a continuación. 

Requisitos para Comprar Municiones. La Propuesta 63 incluye varios requisitos para los individuos que buscan comprar municiones y para que el DOJ regule tales compras. Específicamente, la iniciativa de ley:

Requiere que los individuos obtengan un permiso de cuatro años emitido por el Departamento de Justicia DOJ para comprar municiones y que los distribuidores de municiones verifiquen con el DOJ que los individuos que compran las municiones tengan esos permisos.

Requiere que el DOJ revoque los permisos de los individuos que pasen a estar entre las personas prohibidas.

Permite que el DOJ cobre a cada persona que solicita un permiso de cuatro años un cargo de hasta $50 para soportar los diversos costos administrativos y de aplicabilidad de la ley relacionados con las ventas de municiones.

Sin embargo, el estado, promulgó la legislación en julio de 2016 para sustituir las anteriores disposiciones con unas alternativas, si la Propuesta 63 fuera aprobada por los electores. (Esta legislación fue promulgada de conformidad con la disposición de la Propuesta 63 permitiendo modificaciones que son "consistentes y promueven la intención" de la propuesta, tal como se describió anteriormente.) Específicamente, según la legislación: (1) los distribuidores de municiones tendrían que verificar con el DOJ que los individuos que buscan comprar municiones no estén entre las personas prohibidas en el momento de la compra y (2) el DOJ podría cobrar generalmente a tales individuos hasta $1 por transacción. Estas disposiciones son similares a la ley vigente. Sin embargo, menos individuos estarían exentos de esta verificación en comparación con la ley vigente. Por ejemplo, los individuos autorizados a portar armas encubiertas estarían sujetos a esta verificación.

Licencias para Vender Municiones. Al igual que la ley vigente, la Propuesta 63 requiere que los individuos y comercios obtengan una licencia de un año emitida por el DOJ para vender municiones. Sin embargo, la iniciativa de ley modifica los tipos de personas y comercios que estarían exentos de obtener una licencia. Por ejemplo, la iniciativa de ley generalmente exime a los individuos y comercios que venden un pequeño número de rondas de municiones de la obligación de obtener una licencia. La iniciativa de ley también hace varias modificaciones a las sanciones por el incumplimiento de los requisitos de las ventas de municiones. Por ejemplo, establece una nueva sanción penal—específicamente, un delito menor— por el incumplimiento en obedecer los requisitos de licencia de los proveedores.

Otros Requisitos de Municiones. Esta iniciativa de ley prohíbe a la mayoría de los residentes de California traer municiones al estado sin haber entregado previamente las municiones a un distribuidor de municiones con licencia a partir de enero de 2018, un año y medio antes que lo establecido de acuerdo con la ley vigente. Además, el incumplimiento de este requisito cambiaría de delito menor a infracción (penada con una multa) para la primera ofensa y una infracción o delito menor por cualquier ofensa adicional. La iniciativa de ley también requiere que el DOJ almacene cierta información de las ventas de municiones en una base de datos por un tiempo indefinido, en lugar de dos años.

Crea un Nuevo Proceso Judicial para el
Retiro de las Armas de Fuego 

Esta iniciativa de ley crea un nuevo proceso judicial para asegurar que los individuos condenados por ofensas que les prohíben poseer armas de fuego no continúen con las armas en su poder. A partir de 2018, la iniciativa de ley requiere que las cortes informen a los delincuentes tras la condena que deben (1) entregar sus armas de fuego para la aplicación de la ley local, (2) vender las armas de fuego a un distribuidor de armas de fuego con licencia, o (3) entregar las armas de fuego a un distribuidor de armas de fuego con licencia para su almacenamiento. La iniciativa de ley también requiere que las cortes asignen a un agente de libertad probatoria para que reporte lo que los delincuentes han hecho con sus armas de fuego. Si la corte determina que existe una causa probable de que un delincuente esté en posesión de armas de fuego, debe ordenar que se retiren dichas armas. Finalmente, los gobiernos locales o las agencias estatales podrán cobrar un cargo para el reembolso de ciertos costos en la aplicación de la iniciativa de ley (como los relacionados con el retiro o el almacenamiento de las armas de fuego).

Implementa Otras Disposiciones

Requisitos de Informe. La iniciativa de ley incluye una serie de requisitos de informe relacionados con las armas de fuego y las municiones. Por ejemplo, la iniciativa de ley requiere que los distribuidores de municiones informen la pérdida o el robo de municiones dentro de un lapso de 48 horas. También requiere que la mayoría de los individuos informen la pérdida o el robo de armas de fuego dentro del lapso de cinco días posteriores al evento para la aplicación de la ley local. Un individuo que no realice este informe dentro del lapso de cinco días será culpable de una infracción por las dos primeras violaciones. Las violaciones adicionales serían un delito menor. Esta iniciativa de ley también reduce la sanción para un individuo que deliberadamente presenta un informe falso para la aplicación de la ley local de delito menor a infracción y elimina la prohibición de poseer armas de fuego por un período de diez años para tal individuo. Esta iniciativa de ley también requiere que el DOJ incluya en el NICS el nombre, la fecha de nacimiento y la descripción física de cualquier persona que recientemente haya ingresado entre las personas prohibidas.

Polvorines de Gran Capacidad. Desde el año 2000, la ley estatal ha prohibido a los individuos de manera general obtener polvorines de gran capacidad (definidos como aquellos espacios que mantienen más de diez rondas de municiones). Sin embargo, la ley permitió a los individuos que tenían polvorines de gran capacidad antes del año 2000 mantenerlos para su propio uso. A partir de julio de 2017, la ley recientemente promulgada prohibirá a la mayoría de estos individuos poseer estos polvorines. Los individuos que no cumplan esta disposición son culpables de infracción. Sin embargo, hay varios tipos de individuos que estarán exentos de este requisito- como por ejemplo un individuo que posea un arma de fuego (obtenida antes del año 2000) que únicamente puede utilizarse con un polvorín de gran capacidad. La Propuesta 63 elimina varias de estas exenciones, así como aumenta la sanción máxima por posesión de polvorines de gran capacidad. Específicamente, los individuos que posean estos polvorines después de julio de 2017 serán culpables de infracción o de un delito menor.

Sanción por Robo de Armas de Fuego. De acuerdo con la ley estatal vigente, la sanción por el robo de armas de fuego con un valor de $950 o menos generalmente es un delito menor penado por hasta un año en la prisión del condado. Según esta iniciativa de ley, este crimen sería un delito mayor y podría ser penado con hasta tres años en la prisión estatal. Además, los individuos anteriormente condenados por un delito menor por el robo de un arma de fuego no tendrían permitido poseer armas de fuego durante un período de diez años. Actualmente, no existe esta prohibición para una condena por delito menor por robo de armas de fuego.

 

— Legislative Analyst's Office

Efectos fiscales

Aumento de los Costos Judiciales y de Cumplimiento de la Ley. El nuevo proceso judicial para el retiro de armas de fuego a las personas prohibidas después de ser condenadas resultaría en una mayor carga de trabajo para el estado y los gobiernos locales. Por ejemplo, los tribunales estatales y los departamentos de libertad probatoria de los condados tendrían una mayor carga de trabajo para determinar si las personas prohibidas poseen armas de fuego y si las han entregado. Además, el cumplimiento de la ley local y estatal tendría nuevas cargas de trabajo relacionadas con el retiro de armas de fuego a los delincuentes que no las hayan entregado como parte del nuevo proceso judicial. También podrían tener un aumento en los costos relacionados con el almacenamiento o devolución de las armas de fuego. Algunos de los crecientes costos de cumplimiento de la ley relacionados con el retiro, almacenamiento o devolución de las armas de fuego se compensarían en la medida en que los gobiernos locales y las agencias estatales cobraran cargos por estas actividades, según lo permitido por esta iniciativa de ley. La magnitud total de estos costos locales y estatales podría ser de decenas de millones de dólares anualmente. Los costos reales dependerían de la manera en que esta iniciativa de ley se implementaría.

Aumento Potencial de los Costos Regulatorios Estatales. En definitiva, las modificaciones de la iniciativa de ley para la regulación de las ventas de municiones podrían aumentar los costos estatales. Por ejemplo, más personas o comercios probablemente estarían sujetos a requisitos de municiones estatales de acuerdo con la iniciativa de ley. El efecto fiscal real de las modificaciones dependerá de cómo se implementan y de cómo los individuos responden ante ellas. Estimamos que el potencial aumento en los gastos del estado probablemente no supere los millones de dólares anualmente. Estos costos probablemente se compensarían con los diversos cargos que están autorizados por la iniciativa de ley y la ley estatal existente. 

Aumento Potencial Neto de los Costos Penitenciarios. Esta iniciativa de ley hace varias modificaciones a las sanciones relacionadas con las armas de fuego y las municiones. Mientras que algunas modificaciones reducen las sanciones para determinados delitos, otras modificaciones aumentan las sanciones para determinados delitos. En definitiva, estas modificaciones podrían resultar en el aumento de los costos penitenciarios para los gobiernos estatales y locales, como por ejemplo para albergar individuos en prisión. La magnitud de estos costos dependería principalmente del número de violaciones y de cómo se haya aplicado la iniciativa de ley. El aumento potencial neto de los costos penitenciarios probablemente no superaría la reducción de millones de dólares anualmente. 

 

— Legislative Analyst's Office

Un voto por el SÍ significa

Se crearía un nuevo proceso judicial para eliminar el uso de las armas de fuego en individuos que hayan sido condenados por ciertos crimenes.

Se implementarían nuevos requisitos relacionados con la venta o compra de municiones.

Un voto por el NO significa

No se implementarían nuevos requisitos relacionados con las armas de fuego y las municiones.

Argumento A FAVOR

LA PROPUESTA 63 NOS MANTENDRÁ MÁS SEGUROS A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LOS DELITOS POR ARMAS DE FUEGO

Un policía en Dallas haciendo su trabajo . . .. Un club nocturno en Orlando . . .. Una fiesta navideña de una oficina en San Bernardino . . .. Una iglesia en Charleston . . .. Un cine en Aurora . . .. Una escuela primaria en Newtown . . ..

¿Qué sigue? ¿Cuántas personas más tienen que morir por delitos con armas de fuego antes de que tomemos medidas valientes para salvar vidas?

Más de 300 estadounidenses son víctimas de tiroteos todos los días; más de 80 de ellos con consecuencias fatales.

Más de 1 millón de estadounidenses fueron asesinados o lesionados gravemente por armas entre 2004 y 2014.

¡ES SUFICIENTE!

Es momento de tomar medidas para mantener las armas y municiones alejadas de las manos incorrectas.

La Propuesta 63, la Ley de Seguridad para Todos, salvará vidas al cerrar lagunas jurídicas, a fin de evitar que delincuentes peligrosos, agresores domésticos y personas con enfermedades mentales peligrosas obtengan y utilicen armas mortales.

La Propuesta 63:

• Elimina las armas ilegales de nuestras comunidades al garantizar que los delincuentes peligrosos y agresores domésticos vendan o transfieran sus armas de fuego después de haber sido condenados.

• Requiere que cualquier comercio que venda municiones informe si su producto se pierde o es robado.

• Requiere que las personas informen a las agencias de aplicabilidad de la ley si sus armas se pierden o son robadas, antes de que caigan en las manos equivocadas.

• Garantiza que las personas condenadas por robo de armas no sean elegibles para poseer armas.

• Fortalece nuestros sistemas de verificación de antecedentes y garantiza que las agencias de aplicabilidad de la ley de California compartan los datos acerca de personas peligrosas con el FBI.

La Propuesta 63 mantiene las armas y municiones fuera de las manos equivocadas, mientras protege los derechos a poseer armas para la defensa propia, la caza y la recreación de los californianos que cumplen las leyes.

En estos momentos, miles de criminales peligrosos permanecen armados ilegalmente porque no nos aseguramos de que las personas condenadas por crímenes violentos realmente renuncien a sus armas después de la condena. El Departamento de Justicia identificó a más de 17,000 delincuentes y otras personas peligrosas con más de 34,000 armas, incluyendo más de 1,400 armas de asalto.

La aprobación de la Propuesta 63 representará un paso histórico y sin precedentes hacia adelante para la seguridad de las armas de fuego.

LÍDERES PROVENIENTES DE TODA CALIFORNIA APOYAN LA PROPUESTA 63, INCLUYENDO:

• Teniente Gobernador Gavin Newsom • Senadora de EE.UU. Dianne Feinstein • El Centro Legal para Prevenir la Violencia con Armas • El Partido Demócrata de California • Secretario del Estado de California, Alex Padilla • Orador Emérito de la Asamblea, Toni Atkins • Orador Emérito de la Asamblea, John Pérez • Alguacil Vicki Hennessy, San Francisco • Exjefe de la Policía, Ken James, Emeryville • SEIU • Liga de Mujeres Votantes de California • Jóvenes Demócratas de California • Federación de Maestros de California • Junta de Educación de San Francisco • Equality California • Courage Campaign • Colegio de Médicos Estadounidenses de California • Colegio de Médicos de Emergencia Estadounidenses de California • Asociación de Salud Pública del Sur de California • El Clero y los Laicos Unidos por la Justicia Económica • Coalición en contra de la Violencia con Armas • Rabinos en contra de la Violencia con Armas • Estados Unidos para Prevenir la Violencia con Armas • Detenga la Violencia con Armas • Detenga Nuestros Tiroteos • Mujeres en contra de la Violencia con Armas • ¡Juventud Viva!

Para obtener más información, visite: www.SafetyforAll.com.

GAVIN NEWSOM, Teniente Gobernador de California

DIANNE FEINSTEIN, Senadora de Estados Unidos

ROBYN THOMAS, Director Ejecutivo

Centro Legal para Evitar la Violencia con Armas

— Secretary of State Voter Info Guide

Argumento EN CONTRA

La Prop. 63 es rechazada casi unánimamente por la comunidad de agencias de aplicabilidad de la ley y los grupos de derechos civiles, porque afectará a los ciudadanos que cumplen la ley sin evitar que criminales violentos y terroristas tengan acceso a armas de fuego y municiones. La Asociación de Alguaciles del Estado de California, la Asociación de Fiscales de Distrito Adjuntos del Condado de Los Angeles, la Asociación de Oficiales Correccionales de California, la Fish & Game Wardens' Association, la Asociación de Oficiales de Policía de la Reserva de California y muchos otros grupos civiles y de agencias de aplicabilidad de la ley, que representan a miles de profesionales de seguridad pública en California, se unieron en rechazo a esta oferta/propuesta inefectiva, onerosa y costosa.

La Prop. 63 desviaría los pocos recursos de las agencias de aplicabilidad de la ley de las oficinas locales para tal propósito y sobrecargaría un sistema judicial que ya se encuentra superpoblado, con la imposición de leyes defectuosas que convertirán a ciudadanos inofensivos que cumplen con la ley en criminales. De hecho, recientemente Nueva York abandonó la ejecución de una oferta/propuesta similar luego de su aprobación, ya que encontraron que era imposible de implementar y de mantener de manera efectiva.

Hacer lo que realmente funciona para mantener al público seguro es la prioridad más alta de los profesionales de las agencias de aplicabilidad de la ley que dedican sus vidas a la protección de los californianos. Desafortunadamente, la Prop. 63 no aumentará la seguridad de nadie. Por el contrario, disminuirá la seguridad de todos al alejar los recursos de las iniciativas de ley que son realmente efectivas para prevenir que los criminales tengan acceso a armas y municiones. La inmensa cantidad de recursos públicos que la Prop. 63 malgastaría debería ser utilizada para contratar más oficiales y para enfocarse en, investigar y enjuiciar a individuos peligrosos y terroristas.

Luego de analizar cuidadosamente el lenguaje de la Prop. 63, la comunidad de agencias de aplicabilidad de la ley encontró muchos problemas en los detalles. Debido a las limitaciones estrictas de la capacidad de la Legislatura para enmendar propuestas promulgadas por votantes, sería difícil o imposible para la misma reparar la mayoría de estos problemas si la Prop. 63 es aprobada, dejando a California indefinidamente con las cargas y costos de esta oferta/propuesta defectuosa.

Al evitar la Legislatura, esta iniciativa limita a los profesionales de seguridad pública para el desarrollo de legislaciones futuras que realmente promoverían la seguridad. Los contibuyentes de California no deberían malgastar cientos de millones de sus dólares es leyes inefectivas que no tienen valor para las agencias de aplicabilidad de la ley y que perjudicarían la seguridad pública al alejar los recursos de actividades de agencias de aplicabilidad de la ley efectivas que son fundamentales para la seguridad pública.

Visite WWW.WHERESMYAMMO.COM para obtener más información.

VOTE NO POR LA PROP. 63.

DONNY YOUNGBLOOD, Presidente

Asociación de Alguaciles del Estado de California

KEVIN BERNZOTT, Funcionario Ejecutivo en Jefe

Asociación de Oficiales de Policía de la Reserva de California

TIFFANY CHEUVRONT, Funcionario Principal

Coalición para las Libertades Civiles

— Secretary of State Voter Info Guide

Refutación al argumento A FAVOR

¡Los terroristas no cumplen la ley!

Gavin Newsom se niega a reconocer que los ataques en Orlando y San Bernardino fueron resultado del radicalismo islámico inspirado en ISIS. Es la misma ideología que motivó los ataques terroristas del 9/11 donde murieron 2,996 inocentes.

Explotar los ataques terroristas para acelerar leyes de gran alcance que afectan las libertades civiles de las personas que cumplen la ley es engañoso, erróneo y peligroso.

Ninguna de las leyes propuestas evitaría los ataques terroristas. La realidad es que los terroristas siempre pueden encontrar los medios para sembrar el caos: un cúter en un avión el 9/11, una bomba casera en Boston, un camión en Niza, Francia. Los terroristas y los criminales obtienen armas en el mercado negro, las hacen o las roban a ciudadanos que cumplen con la ley.

Todos estamos de acuerdo en que evitar que las armas caigan en las manos equivocadas es crucial. Todos compartimos la preocupación acerca de la creciente tendencia al terrorismo y la radicalización.

Sin embargo, la Prop. 63 NO es la solución.

Gastar decenas de millones de los dólares de los contribuyentes, todos los años, en listas inútiles de todas las personas que compran o venden municiones desvía recursos importantes y aleja el enfoque de los esfuerzos antiterroristas efectivos, dejando al público más vulnerable a ataques y MENOS SEGURO.

Esta es una razón por la que las agencias de aplicabilidad de la ley se oponen de manera casi unánime a la Prop. 63.

Se serviría mejor al interés público si estos recursos fuesen utilizados para educar más a los californianos acerca de lo que pueden hacer para proteger a sus familias y comunidades de los ataquetes terroristas o para capacitar a las agencias de aplicabilidad de la ley para este fin. Detenga este abuso peligroso de los recursos públicos.

¡VOTE NO por la PROP. 63!

ALON STIVI, Presidente

Direct Measures International, Inc.

WILLIAM "BILLY" BIRDZELL, Instructor sobre Antiterrorismo del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU

RICHARD GRENELL, Orador de EE.UU de mayor antigüedad en las Naciones Unidas

— Secretary of State Voter Info Guide

Refutación al argumento EN CONTRA

Como oficiales del orden y la seguridad pública, no nos sorprende que grupos como la Asociacion Nacional de Rifles (National Rifle Association, NRA) y sus afiliados se opongan a la Propuesta 63. No se equivoque, la llamada "Coalición para las Libertades Civiles" es en realidad un grupo encubierto de la NRA.

Los cabilderos a favor de las armas muchas veces reclaman que debemos enfocarnos en hacer cumplir las leyes de armas existentes y eso es exactamente lo que hace esta iniciativa: laProp. 63 cierra lagunas jurídicas y ayuda a hacer cumplir las leyes existentes para mantener las armas y municiones lejos de las manos incorrectas.

Por ejemplo, la Prop. 63 garantiza que los convictos peligrosos que tienen prohibido poseer armas cumplan con la ley y se deshagan de sus armas de fuego. Los profesionales de las agencias de aplicabilidad de la ley han encontrado que los criminales y personas peligrosas poseen actualmente miles de armas de manera ilegal, por lo que cerrar esta laguna jurídica salvará vidas.

La Prop. 63 también requiere que se informe acerca de armas de fuego perdidas o robadas para ayudar a la policía a cerrar los anillos de tráfico de armas y ubicar las provisiones de armas ilegales. La Prop. 63 ayudará a las policía a recuperar armas robadas antes de que sean utilizadas en crímenes y regresarlas a sus propietarios legales.

La Prop. 63 también mejora los sistemas de verificación de antecedentes, de tal manera que las agencias de aplicabilidad de la ley pueda evitar que personas que tienen prohibida la posesión de armas, tales como delincuentes peligrosos, compren armas y municiones.

Y la Prop. 63 aclara las leyes existentes de tal manera que cualquier robo de armas sea un delito mayor, garantizando que las personas que roban armas no puedan poseerlas. Esa es otra reforma de sentido común que salva vidas y que es apoyada casi unánimemente por los profesionales de las agencias de aplicabilidad de la ley.

La Prop. 63, cerrará las lagunas jurídicas en nuestras leyes existentes y evitará que delincuentes peligrosos, agresores domésticos y personas con enfermedades mentales peligrosas obtengan y utilicen armas mortales.

NANCY O'MALLEY, Fiscal de Distrito

Condado de Alameda

JEFF ROSEN, Fiscal de Distrito

Condado Santa Clara

VICKI HENNESSY, Alguacil

San Francisco

— Secretary of State Voter Info Guide

Sí on Prop. 63

Dinero total recaudado: $5,288,048

No on Prop. 63

Dinero total recaudado: $1,046,024

A continuación, están los primeros 10 contribuyentes que dieron más dinero a los comités que apoyan o se oponen a la(s) iniciativa(s) de ley.

Sí por Prop. 63

1
California Democratic Party
$1,150,948
2
Gavin Newsom For Lieutenant Governor 2014
$727,564
3
Parker, Sean
$400,000
4
Marcus, George M.
$250,000
4
Pritzker, Nicholas
$250,000
5
Buell, Susie Tompkins
$212,180
6
Wilsey, Diane
$110,000
7
11West Partners
$100,000
7
Dignity Health
$100,000
7
Dolby, Dagmar
$100,000
7
Simons, Elizabeth
$100,000
7
Soros, Alexander
$100,000

No por Prop. 63

1
National Rifle Association
$95,000
2
Firearms Policy Coalition
$52,283
3
California Rifle & Pistol Association
$50,871
4
Gun Owners of California
$45,000
5
Citizens Committee for The Right to Keep and Bear Arms
$42,562
6
California Waterfowl Association
$25,000
7
Borland, Michael
$7,000
8
Borland, Caryn H.
$5,000
8
Glazer, Emerson
$5,000
8
Moiso, J Jerome
$5,000

Sí on Prop. 63

Por estado:

California 94.43%
New York 2.24%
Arizona 2.10%
Connecticut 0.85%
Other 0.38%
94.43%

Por tamaño:

Contribuciones grandes (90.28%)
Contribuciones pequeñas (9.72%)
90.28%9.72%

Por tipo:

De organizaciones (46.69%)
De individuos (53.31%)
46.69%53.31%

No on Prop. 63

Por estado:

California 80.49%
Virginia 12.55%
Washington 5.73%
Nevada 0.42%
Other 0.81%
80.49%12.55%

Por tamaño:

Contribuciones grandes (72.52%)
Contribuciones pequeñas (27.48%)
72.52%27.48%

Por tipo:

De organizaciones (44.25%)
De individuos (55.75%)
44.25%55.75%
Información del contacto de la campaña por el sí Prop. 63
Lindsey Cobia Safety for All
Email safetyforall@safetyforall.com
Phone: (415) 735-5192
Address:
268 Bush Street
#222
San Francisco, CA 94104
Información del contacto de la campaña por el no Prop. 63
Coalition for Civil Liberties
Email info@coalitionforcivilliberties.com
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En su boleta electoral real, puede votar 'sí' o 'no' por esta iniciativa.

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